· Según el ONE 2005, de los que cursa el último año de la secundaria el 37% tiene bajo desempeño en Ciencias Sociales, el 38% en Lengua, el 47% en Ciencias Naturales y el 52% en Matemáticas.

· Según la EPH del 1º trimestre del 2007, el 49% de los jóvenes de 18 años habían terminado la secundaria al finalizar el ciclo lectivo del 2006.

· Entre el resto, el 30% estaba retrasado y el 21% había abandonado los estudios.

Los datos señalan que un poco más de la mitad de los jóvenes alcanza a terminar la secundaria, y entre un tercio y la mitad de los que asisten muestran un bajo desempeño en la evaluación de sus conocimientos. Esto implica que menos de un tercio de las nuevas generaciones estaría recibiendo la formación mínima necesaria que demanda la mayoría de los puestos de trabajo de calidad. El resto es forzado a ingresar al mercado de trabajo con una desventaja formativa importante que condicionará severamente toda su vida laboral.

Si esta dinámica educativa no se corrige, no es posible resolver los problemas sociales. Mantener un buen desempeño macroeconómico y mejorar las instituciones del mercado laboral son acciones relevantes, pero insuficientes cuando la gente no cuenta con suficiente formación. La Argentina ha conseguido que prácticamente todos los niños ingresen al sistema educativo, pero no logra evitar que los estudiantes muy tempranamente enfrenten serios inconvenientes. Inicialmente los problemas se manifiestan en retrasos y desempeños mediocres en las evaluaciones. A mitad de la secundaria, el proceso hace crisis. En esa instancia, las evaluaciones muestran desempeños muy malos a los que se les asocian alta repitencia y deserción.

Frente a este cuadro, fijar en una norma de orden nacional un cronograma con aumentos en la inversión educativa es ineficaz. Una ley nacional no puede (ni debe) tomar decisiones que son competencias de las provincias, como es el caso de la administración de las escuelas primarias y secundarias. Mientras tanto el Congreso de la Nación elude el tema verdaderamente sustantivo para la educación, que es, desactivar los mecanismos fiscales a través de los cuales los recursos públicos se centralizan en el nivel central. Por cada peso que se apropia la Nación, hay que contabilizar un peso menos disponible en las provincias para invertir en educación.

Los programas que ejecuta el gobierno nacional –como fijar y pagar parte de los salarios, construir escuelas, distribuir becas y libros, donar computadoras, etc.– tienen una buena intencionalidad, pero interfieren, burocratizan y hacen menos eficiente la gestión del sistema a nivel provincial. Si se descentralizan los recursos, siguiendo los criterios de la Constitución, no será necesario este tipo de intervenciones. En paralelo, el gobierno central podrá cumplir un rol mas activo como generador de información sobre cuánto se invierte, cómo se administra y qué resultados se alcanzan en cada provincia. Esta es una poderosa herramienta para la formación de capital social ya que constituye un insumo clave para que la población tome conciencia sobre la forma en que sus gobiernos provinciales gestionan los sistemas educativos y ejerza de manera más efectiva el control social. El hecho de que la difusión de los resultados de las pruebas tomadas en el 2005 se haya demorado dos años, que se haga de manera acotada y parcial, y que no se promueva su análisis y debate sugiere que es en este campo donde se da la principal deuda que tiene el gobierno nacional con la educación.

La formación de los jóvenes